España al fin ratifica el Convenio 189 OIT para dignificar el trabajo de las empleadas del hogar
El Convenio 189 de la OIT regula la igualdad de trato de las empleadas domésticas con el resto de personas trabajadoras, asegurando para ellas descansos, vacaciones y el derecho a la protección frente al desempleo.
Este Convenio entró en vigor en 2013, y desde entonces, USO ha solicitado al Gobierno de España la adhesión al mismo para dignificar el empleo doméstico y así combatir la precariedad en ese ámbito, al igual que también otras situaciones que de forma especial se dan en él, como trágicamente comprobamos con los casos de violencia sufridos por estas mujeres en el contexto de la pandemia.
La decisión del Gobierno de acelerar la ratificación de este Convenio se ha visto influenciada por la postura del Abogado General de la UE, así como por la sentencia del TJUE, que calificaba la normativa española en materia de Seguridad Social como discriminatoria al privar a las trabajadoras del hogar de recibir la prestación por desempleo (esto es, único colectivo sin derecho a paro en España), entre otras cuestiones. Es decir, toda una discriminación indirecta por razón de género.
Ratificación del convenio 189 por España, un paso adelante hacia la igualdad
La ratificación del Convenio 189 de la OIT es especialmente importante por lo que supone en materia de igualdad de género, así como de integración y respeto de los derechos de las personas inmigrantes. El 90% del colectivo de empleadas de hogar son mujeres (aproximadamente, 400.000 afiliadas a la Seguridad Social y otras 150.000, sin dar de alta) y muchas de ellas, especialmente en las grandes ciudades, son inmigrantes y se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.
Dicha ratificación por parte de España supone que el Estado se compromete a velar por los derechos de las empleadas de hogar, entre ellos:
- la protección frente al acoso, abuso y violencia en el trabajo;
- el derecho a recibir por escrito las condiciones de trabajo;
- el control de las horas de presencia; eliminar la figura del desistimiento;
- controlar la legalidad del salario por manutención y alojamiento;
- garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo;
- garantizar el salario mínimo; incluir la actividad en la Ley de PRL, y
- el derecho a la prestación por desempleo.
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