Viaje de representantes de la FAC a Madrid e incansable día en el Senado
Día intenso e importante el de hoy para representantes de nuestra FACUSO Illes Balears, que a lo largo de la jornada están exponiendo en el Senado las reivindicaciones de la campaña contra el fraude de ley por abuso de la temporalidad en las administraciones públicas.
El objetivo del viaje a Madrid es explicar nuestro posicionamiento con motivo de la comparecencia prevista para mañana, día 22 de abril, del Ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ante la Comisión de Función Pública del Senado, en la que informará sobre las posibles modificaciones legislativas para dar solución al problema de los empleados públicos en abuso de temporalidad, así como las previsiones y líneas de actuación tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 19 de marzo de 2020.
Las reuniones se están manteniendo con las senadoras y senadores María Ponce (Grupo Parlamentario de C's), Patricia Abascal Jiménez y Cosme Bonet (GP Socialista), Carles Mulet (GP de Compromís), Clemente Sánchez-Garnica (GP Mixto - PAR) y Vicens Vidal Matas (GP Izquierda Confederal), a quienes se explicará la situación de las personas afectadas en les Illes Balears. Del mismo modo, se presentará el objetivo de la campaña contra el fraude de ley, que no es otro que lograr la estabilidad de los empleados públicos temporales en abuso de la temporalidad, ya sea mediante la valoración de la experiencia profesional en la propia administración donde se ha cometido el abuso (Concurso Extraordinario de Méritos restringido) o bien mediante la interposición de reclamaciones y demandas para el reconocimiento de la fijeza.
A las citadas entrevistas ha de sumarse la ya mantenida el lunes de esta semana con la también senadora electa por les Illes Balears María Salom Coll (GP Popular) para trasmitirle la necesidad de establecer de forma excepcional y urgente mecanismos de sanción al abuso y fraude en la contratación.
En estas reuniones se explicarán con detalle las consecuencias de la precariedad a la que se ven sometidos los empleados públicos que sufren en este ámbito, y en especial se tratará el caso del IMAS, donde 14 mujeres (educadoras sociales, trabajadoras sociales y enfermeras), la mayoría en abuso de temporalidad y con demanda de fraude de ley presentada, han sido cesadas sin tener en consideración la STJUE de 19 de marzo de 2020.
