La FACUSO, con el movimiento de protesta por las medidas para el personal público en Illes Balears
Nuestra FAC se ha sumado al comunicado sindical unitario que diferentes formaciones de Illes Balears han hecho público en las últimas horas para mostrar su disconformidad ante las recientes decisiones en lo referente a las retribuciones del personal de las Administraciones públicas en Illes Balears en el contexto de la negociación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado. A continuación, reproducimos el comunicado:
Ante la NO negociación por parte de la Administración de las actualizaciones retributivas de los Presupuestos Generales del Estado, todas las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de los Servicios Generales de la CAIB nos sumamos a las movilizaciones convocadas por los sindicatos de la Mesa de Empleados Públicos.
Cada año, una norma estatal con rango de Ley determina la actualización de las retribuciones del personal empleado público de todas las Administraciones del Estado español, actualización que, a veces, ha supuesto reducir las retribuciones (como en 2010), congelarlas o incrementarlas.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020 determina que se incrementará en un 2% el sueldo del personal de todas las Administraciones públicas y el proyecto de presupuestos del Estado para 2021 determina un 0,9% de incremento. Esta normativa es básica y, por tanto, de obligado cumplimiento por parte de las Administraciones públicas.
Este 2% para 2020 ha sido aplicado al personal de todas las Administraciones públicas de España excepto al de Illes Balears y su sector público. Incluso, las otras Administraciones territoriales de la región (periférica del Estado, consejos insulares y ayuntamientos) han aplicado este incremento retributivo. El personal afectado es el del Ibsalut, de Educación, de Servicios Generales, de todo el sector público instrumental de la Administración autonómica y de la enseñanza concertada.
Y el 0.9% para 2021 corre la misma suerte, según informó el Gobierno balear en una sesión informativa de la Mesa de Empleados Públicos del día 30 de octubre sobre el proyecto de presupuestos de la CAIB para ese año. La Administración se limitó a informar de unos hechos consumados, desvirtuando, un vez más, el carácter negociador del máximo órgano de negociación del personal empleado público de la Administración autonómica, tal como establece el artículo 36 del Estatuto Básico del Empleado Público. Hay que tener presente que el artículo 37 regula las materias que deben ser objeto de negociación colectiva, y una de estas es la aplicación del incremento retributivo que establece la Ley de presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas.
Queremos manifestar nuestra más profunda preocupación por cómo está actuando nuestra Administración en los últimos espacios de negociación, con posicionamientos unilaterales, anulando de manera sistemática la capacidad negociadora de los órganos de representación legalmente establecidos y, en consecuencia, atentando frontalmente contra la defensa de los derechos del personal empleado público.
Somos perfectamente conscientes de la delicada situación que actualmente vivimos como sociedad y, como no puede ser de otra manera, estamos dispuestos a hablar de ello y, si hay voluntad de entendimiento, llegar a acuerdos de calendarización, aplazamiento u otras fórmulas de reconocimiento, para evitar así el agravio comparativo con el personal empleado público del resto de las Administraciones públicas y, a la vez, que este incremento no suponga, en las cuentas públicas actuales, un lastre para la Administración autonómica.
Somos conscientes también de que en les Illes Balears sufrimos y sufriremos con más intensidad las consecuencias de la crisis actual, pero también hay que tener en cuenta que no se establecen los mecanismos compensatorios necesarios, por parte del Estado, de reconocimiento de nuestra realidad insular, a través del REIB, y que la financiación autonómica no compensa lo que siempre hemos aportado a las arcas públicas estatales. Por todo ello, estamos en nuestro derecho de reivindicar que los cuentas públicas de la Administración autonómica no se hagan cuadrar sobre la aplicación de un incremento retributivo básico y común para todas las Administraciones públicas, de manera que puede que en 2021 los empleados públicos al servicio de la Administración autonómica hayan sufrido un recorte global de un 2,9%.
Ante esta vulneración flagrante de la negociación colectiva y ante la mala praxis de la Administración a la hora de aplicar estos incrementos retributivos estatales, que son de obligado cumplimiento, todos los sindicatos de la Mesa Sectorial de Servicios Generales nos adherimos a las movilizaciones acordadas por los Sindicatos de la Mesa del Empleado Público y promoveremos en nuestro sector cuantas acciones hagan falta para defender los derechos del personal público de la Administración autonómica.
