USO Illes Balears, a través de AJUPE y de su presidente, Marino de la Rocha, entre otras muchas personas, estuvo presente ayer en la movilización que se llevó a cabo ante la sede del Parlament balear como parte del Movimiento Pensionista de Mallorca y en defensa del Sistema Públic de Pensions, en pleno contexto de la delicada situación por la que atraviesan las pensiones en estos momentos, tanto a nivel estatal como en nuestras islas.

La Coordinadora de Mallorca en defensa del SPP (miembro de la Coordinadora Estatal COESPE, y apoyada por ADIS, ARDIP, Basta Ya, Cap Endavant Plataforma Garantitzem les Pensions, CGT, Infancias Robadas, KELLYS, Plataforma Sanidad Pública IB, Sindicat de Llogaters, SOM Sindicalistes, y Stop Desahucios) y la Plataforma de Asociaciones de Pensionistas y Jubilados de Mallorca (formada por los sindicatos STEI, CCOO, UGT y USO) acordaron dirigirse a los partidos políticos, al Parlament, al Consell, a los Ayuntamientos, a la sociedad en general y a los propios pensionistas y personas mayores de Mallorca en particular para defender las exigencias que consideran urgentes, dignas y justas en materia de pensiones, cooperando así en la construcción de un mundo más justo, equitativo, solidario y sostenible, y exponiendo las medidas incumplidas en esta materia por la clase política.

A lo largo de la jornada de reivindicación se denunció, entre otras muchas e importantes cuestiones, que las medidas de austeridad y recortes aplicados desde 2008 (con la excusa de la crisis) han traído más pobreza y desigualdad para las personas mayores, y que las últimas reformas laborales impuestas en 2010 y 2012 han perjudicado especialmente a los trabajadores, abaratando el despido, congelando salarios, precarizando -más- el empleo y rebajando los derechos de negociación colectiva, creciendo así la situación de pobreza de tantas personas; que la pensión media en Baleares es de 912,94 € mensuales, por debajo de la media estatal (981,71 €), a pesar de que los precios de las necesidades básicas son, en nuestra Comunidad Autónoma, los más caros del país; que en Illes Balears hay más de 67.000 pensionistas en situación de pobreza, esto es, con menos 700 € al mes; que es en nuestra región donde más ha crecido la desigualdad entre pobres y ricos; que el gasto en protección social en nuestras islas (2.840 € por persona) está por debajo de la media estatal (3.215 €); que el 50% de los pensionistas no llega al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el 38 % vive bajo el umbral de la pobreza; o que la Ley de Dependencia sigue sin aplicarse en su totalidad, siendo necesaria una mayor dotación económica y agilizar la burocracia para atender eficazmente las necesidades reales de las personas dependientes, problema perpetuado por la supremacía del partidismo sobre la verdadera voluntad colectiva de los políticos.

Por todo ello, en la protesta de ayer se recordó de manera contundente la consideración constitucional de Bien común que, como parte de los sistemas públicos de protección social, tienen las pensiones, siendo necesario “modernizar y humanizar ese bien status”, decía de la Rocha; que las personas jubiladas, pensionistas y mayores tienen derecho (art. 50 de la CE) a envejecer con dignidad; y que las Administraciones tienen el DEBER de priorizar las políticas sociales a las de mayor rédito meramente económico, las cuales no hacen más que motivar las aspiraciones de defraudadores fiscales, abusos bancarios o saqueo del patrimonio público.

Igualmente, en la manifestación de ayer, la representación de USO-AJUPE llamó a favorecer la participación de las personas mayores en la vida política, cultural y social de nuestra Comunidad, motivando la creación de Consejos de Personas Mayores en los municipios; reclamó una mayor y mejor formación para los acompañantes de las personas mayores; demandó una Red Pública de Residencias con plazas suficientes, y Centros de Día bien dotados, todo ello facilitando el envejecimiento digno de las personas; pidió un mayor seguimiento de las Administraciones sobre las condiciones de vida de nuestros mayores (soledad, habitabilidad, adaptabilidad o cobertura de medicamentos); y demandó leyes de vivienda digna, oposición a la turistificación, revalorización -del sistema de pensiones- según el IPC real, y, sin más dilación, el desarrollo de una Ley de Dependencia con dotaciones económicas suficientes para su aplicación efectiva. 

Además, en el manifiesto leído ayer, así como en las declaraciones realizadas por los portavoces (Marino de la Rocha entre ellos) a los medios de comunicación, se dejó constancia de las medidas concretas que se le presentaban a Ayuntamientos, Consells Insulars y Govern para sumarse de verdad y sin medias tintas a estas necesarias reivindicaciones.  

Ya con lemas gritados tanto de cara al Gobierno central como a la opinión pública de todo el país, se llamó a defender las pensiones independientemente del partido que gobierne en una Administración; se pidió respetar -y no solo a tolerar- la vejez; y se exclamó bien fuerte que: ¡VIVIR Y ENVEJECER CON DIGNIDAD ES UN DERECHO DE LA CIUDADANÍA!

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja un comentario