ACEPTAMOS EL CONVENIO DE COMERCIO, PERO NO ESTAMOS DE ACUERDO CON LO FIRMADO

Para poner en contexto este asunto, la FS de USO Illes Balears preparó una propuesta de cara a la reunión que, de manera resumida, exponía:

1º.- Que el artículo 22 del vigente Convenio Colectivo Laboral para el sector del Comercio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares publicado en el BOIB, dice: “ARTICULO 22.- SALARIO BASE.- Los salarios base vigentes a día 31 de marzo de 2019, a partir de día 1 de abril del mismo año sufrirán un incremento de un 3% hasta el día 31 de marzo de 2020. Los salarios base vigentes a día 31 de marzo de 2020, a partir de día 1 de abril del mismo año, se incrementarán en un 3% hasta el día 31 de marzo de 2021. Los salarios base vigentes a día 31 de marzo de 2021, a partir de día 31 del mismo año, se incrementarán un 2,5% hasta el día 31 de marzo de 2022. Y a partir de día 1 de abril de 2022, los salarios base vigentes a día 31 de marzo de dicho año sufrirán una variación o incremento del 2,5% hasta el día 31 de marzo del año 2023. Los referidos incrementos también serán aplicables a los distintos conceptos de contenido económico previstos en el presente Convenio.

2º.- Que el artículo 4º del referido Convenio Colectivo prevé: ÁMBITO TEMPORAL.- El presente Convenio, que tendrá una duración de cuatro años, empezará a regir el día 1 de abril de 2019 y estará vigente hasta el día 31 de marzo de 2023, prorrogándose por tácita reconducción de no mediar denuncia de las partes.

3º.- Que resulta evidente que a partir del día 1 de abril de 2020, los salarios base vigentes a día 31 de marzo de 2020, se tendrían que incrementar en un 3% hasta el día 31 de marzo de 2021.

4º.- Que no obstante, la OMS elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia internacional. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud, tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como el extraordinario riesgo para sus derechos.

Los artículos 7, 8, 10 y demás del RD de 14 de marzo de 2020 relacionados con la declaración del actual ESTADO DE ALARMA, suponen, entre otras medidas, una limitación de libertad de circulación de las personas, requisas temporales y prestaciones personales obligatorias y, muy concretamente, medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales, lo que incide en el ámbito funcional, territorial, personal y temporal del actual Convenio Colectivo del sector para el Comercio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

5º.- Que con independencia de la aprobación de una serie de Reales Decreto Ley, básicamente dirigidas a medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, el Govern de les Illes Balears y las organizaciones sindicales más representativas, juntamente con las organizaciones empresariales más representativas, suscribieron en fecha de 15 de abril de 2020 un acuerdo marco para el mantenimiento de la ocupación y de la protección del sector servicios, reconociendo todas las partes firmantes del mismo que:

“La crisis sanitaria abierta por la COVID-19 ha supuesto un frenazo generalizado de la actividad económica de les Illes Balears en todos los sectores no declarados esenciales. Entre los sectores que se establecieron como de obligada parada está el turístico (hostelería, restauración, comercio, ocio turístico, etc.), subsectores complementarios, y el resto (distribución, transporte discrecional, TIC, etc.) de los que forman parte de la cadena de producción turística.

A tal efecto, el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, ha realizado estudios del impacto de la COVID-19, poniendo especial énfasis en las implicaciones de una débil reactivación de la demanda en el sector de las actividades relacionadas con el turismo sobre el PIB y la ocupación de Baleares. En este sentido, y atendiendo a la importancia del sector comercio, los efectos económicos y sociales en la economía balear vaticinan una caída importante en los flujos de dichas actividades, que rondarían el 20% del PIB balear y el 18% de la ocupación efectiva de personas trabajadoras en el sector. Ademas, si se tienen en cuenta el resto de efectos derivados (menor consumo comercial, menor inversión y bajada en la demanda de la actividad comercial), las simulaciones parciales apuntan que el impacto global en el sector de la actividad comercial podría llegar a cifras del PIB y de la ocupación alrededor del 30% del sector. Efectivamente, estos son valores sin precedentes en nuestra historia reciente y que necesitan de un gran acuerdo económico y social tendente a proteger el conjunto de las empresas y personas trabajadoras de Baleares, con especial mención al tejido productivo y laboral relacionado con las actividades turísticas, como es el caso del sector del Comercio de les Illes Balears".

En el Comercio, que en su mayoría abarca pequeñas y medianas empresas con una sostenibilidad en el empleo de casi el 100% de jornada anual, la demanda es a día de hoy (y a partir de mayo) absolutamente incierta. En consecuencia, se deben de buscar posibles fórmulas para conseguir incentivarla, siempre dependiente de la situación regional y nacional extraordinaria a nivel sanitario. Pero mientras tanto esa demanda comercial no se concrete en las cantidades y cuantías suficientes, tiene que ser una prioridad garantizar mecanismos de protección empresarial y laboral en el ámbito del sector del Comercio en Illes Balears.

Por todo ello, la propuesta de la FS de USO Illes Balears en la reunión mantenida el pasado 21 de abril a través de videoconferencia con la comisión negociadora del Convenio Colectivo del Comercio de Islas Baleares, exponía:

PRIMERO: No prorrogar un año más el Convenio de Comercio de Baleares.

SEGUNDO: Aplicar una subida del 1% en el año 2020, considerando que dicho aumento no perjudicaría a ninguna empresa.

TERCERO: En los años 2021 y 2022, aplicar las subidas pactadas en el convenio colectivo, más el 1% cada año de lo no percibido en el año 2020, hasta la recuperación de las cantidades acordadas en la negociación colectiva de 2019.

Los argumentos, que ya se explicaron en dicha videoconferencia, fueron:

• El sector de la alimentación no solo no está perjudicado por el confinamiento, sino que incluso puede haberse beneficiado de la actual situación, eso sí, asumiendo los trabajadores/as del sector la posibilidad de contagio y de contagiar a sus familias a cambio de una congelación salarial: claramente, una discriminación.
• Los trabajadores/as del sector de comercio no son los grandes beneficiados de salarios en la actualidad. La prestación media por desempleo derivada de los ERTE realizados no llegará a los 1.000 euros.
• Desde USO, consideramos que una supuesta recomendación de la mesa del diálogo social realmente se ha convertido en un acuerdo vinculante, que además impide propuestas de otras organizaciones sindicales negociadoras de los convenios afectados.
• Esta organización entiende que la clase trabajadora es la más perjudicada actualmente con el estado de alarma, y que nuestra labor como sindicato es defenderla y no hacerle pagar las consecuencias con una congelación salarial injusta.
• Consideramos que la aplicación de estas medidas no es la solución al grave problema que estamos padeciendo, y no garantiza el futuro del mantenimiento del empleo.