Desde nuestra Federación de Atención a la Ciudadanía queremos trasladar el llamamiento hecho por el sector confederal de  Sanidad de FAC-USO, con el que poner en valor el gran trabajo, esfuerzo y solidaridad de todos los profesionales auxiliares de Ayuda a Domicilio ante la crisis del coronavirus covid-19.

Una vez más, las personas trabajadoras de Ayuda a Domicilio se crecen ante la adversidad, la falta de medios, las carencias de todo tipo y, sobre todo, ante la poca visibilidad y reconocimiento a su labor, que tan importante y necesaria es en nuestra sociedad. Todo ello no ha impedido que sigan ejerciendo estos días con su empatía, atención, tranquilidad y confianza habituales para con los usuarios.

Así, denunciamos ante las Administraciones, Diputaciones, Ayuntamientos y empresas que, a pesar del tiempo transcurrido desde el comienzo de esta crisis sanitaria, los Equipos de Protección Individual (EPI) siguen siendo escasos, y algunas empresas se niegan a facilitarlos. Otras, únicamente dan una mascarilla de usar y tirar para todo el día y para atender a todos los usuarios. También alertamos de la falta de organización de unos servicios mínimos que garanticen una mayor protección tanto para el usuario como para el auxiliar de ayuda a domicilio.

El servicio de Ayuda a Domicilio está dirigido a personas de edad avanzada, que además pueden presentar enfermedades crónicas. Hay que tener en consideración la movilidad del personal encargado de la atención y el contacto entre los domicilios. Y por eso son necesarios, y así los exigimos, suficientes equipos de protección individual dignos.

Desde algunas Consejerías autonómicas se han publicado recomendaciones para auxiliares en relación al covid.-19, entre las que figuran una serie de pautas para la atención a usuarios y medidas generales dirigidas a la protección de la salud. De igual manera se han manifestado otras Administraciones dictando medidas dirigidas a la prevención y control de las infecciones por covid-19. Como bien manifiestan estas Administraciones, las medidas de control y prevención son fundamentales para el servicio de ayuda a domicilio, ya que se trabaja con personas potencialmente en riesgo.

Estamos en Estado de Alarma, y tenemos que proteger a nuestra primera línea de defensa, que son todas las trabajadoras de Ayuda a Domicilio, y por esas mismas razones, deberían de ser provistas de esos materiales de protección, tanto para protección del personal como de los usuarios. El uso de dicho material de protección es la primera barrera para poder intentar frenar la propagación del covid-19.

El art. 4 de la LPRL define como “riesgo laboral grave e inminente” aquel que resulte racionalmente probable que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Es más, continúa el artículo exponiendo que se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a los agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores.

Por tanto, hablamos de riesgo laboral grave e inminente para estos profesionales, siendo la Administración autonómica, Diputaciones y Ayuntamientos lo que tienen la obligación por imperativo legal de proteger a sus trabajadores del mismo, pudiendo ser constitutivo, caso de que no se proceda a la adopción de medidas de protección para asegurar la seguridad y salud de estos trabajadores, de un delito de peligro contemplado en el art. 316 del Código Penal.

Por todo ello, y desde la sección de Sanidad de la Federación de Atención a la Ciudadanía de la USO, exigimos:

  • Se facilite, a la mayor brevedad posible, los materiales de protección necesarios como equipos EPI, guantes, mascarillas, batas desechables, gel en seco, etcétera, a todo el personal citado en el cuerpo del presente escrito y que se encuentre expuesto a este riesgo por tener que atender a personas potencialmente en riesgo.
  • El establecimiento de unos servicios mínimos, no descartando dirigirnos, en caso de que no se proceda a la dotación inmediata de este material de protección, a las autoridades laborales y judiciales competentes.

Protejamos a todos nuestros profesionales y estaremos protegiendo también a todos los ciudadanos.

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